En anteriores artículos hemos visto el impacto que han tenido las reformas del sector legal de Australia y Reino Unido en Canadá, Estados Unidos, Asia y en la Unión Europea. A este respecto, es especialmente interesante el análisis que realiza el profesor Noel Semple cuando califica la regulación del sector en Norteamérica –refiriéndose a Estados Unidos y Canadá– como aislante, lo cual, por otro lado, es extrapolable a otros muchos países.

Firmas como Axiom Law que optan por no registrarse como despachos de abogados en Estados Unidos no pueden ofrecer asesoramiento jurídico. ¿Son positivas este tipo de restricciones legales? Noel Semple considera que el sistema Norteamericano restringe el acceso a la justicia por tres motivos: (i) por aumentar el coste del capital, (ii) por impedir la creación de firmas grandes enfocadas en los consumidores, y (iii) por excluir potenciales colaboraciones entre distintas profesiones.

Respecto al primero, la mayoría de empresas pueden elegir de entre las diferentes fuentes de capital aquellas que satisfacen sus intereses al menor coste posible. Sin embargo, con motivo de las restricciones legales, las firmas ven reducidas sus posibilidades de obtener capital a dos medios, los bancos y los propios abogados, no pudiendo recurrir a inversores. Ello supone un aumento en el coste del capital y repercute directamente en los clientes.

Por un lado, los bancos no compiten con inversores de capital riesgo y banqueros de inversión por lo que no verán su negocio en peligro y no se verán forzados a bajar los tipos de interés en la concesión de préstamos a las firmas. Por otro, los socios que invierten en las firmas exigen retener altos beneficios a cambio del riesgo asumido lo que hace difícil la reinversión en la propia firma, en su expansión e innovación. Visto de otro modo, las firmas que retienen beneficios para invertir en su expansión e innovación tienen el riesgo de perder a sus socios. En cambio, defiende que la salida a bolsa permitiría a millones de inversores participar en la firma a bajo riesgo.

En cuanto al segundo motivo, el aislamiento de la regulación da lugar a que la mayoría de firmas sean pequeñas y medianas, impidiendo la creación de firmas grandes centradas en los consumidores. En cambio, en Australia y Reino Unido hay ejemplos de este tipo de firmas. Slater & Gordon y The Co-operative, respectivamente, cuentan con más de mil abogados y tienen clientes individuales casi exclusivamente. No es una coincidencia que ambas cuenten con inversión externa.

Además, entre los beneficios de las firmas grandes destacan, por un lado, las economías de escala y de alcance y, por otro lado, la dispersión del riesgo. Las firmas de gran tamaño pueden obtener economías de escala y de alcance al ofrecer una mayor variedad de servicios y poder contar con equipos especializados en cada área a un menor coste –cubriendo así un mayor número de necesidades de los clientes y ofreciendo un servicio de alta calidad–.

Por otro lado, las firmas grandes también están mejor posicionadas para asignar el trabajo a la persona o la máquina mejor preparada para ello y para invertir en tecnología. Ello conduce a un abaratamiento de los costes fijos y mejora de la eficiencia y, consecuentemente, a una reducción del precio para el cliente. Todo ello permite una dispersión del riesgo y una reducción de los precios y, por ende, una mejor respuesta al cliente en su exigencia de más por menos. La dispersión del riesgo es también el motivo por el cual las grandes firmas están en mejores condiciones para ofrecer precios fijos ya que pueden asumir los riesgos derivados de casos complejos con exigencias laborales impredecibles.

Por último, la exclusión de potenciales integraciones con otros profesionales reduce las posibilidades de innovación, ya que contar con equipos multidisciplinares promueve la generación de nuevas ideas. El desarrollo de sociedades multidisciplinares permitiría, entre otras cosas, ofrecer una mayor variedad de servicios y servicios de alta especialización para los clientes. Ello sin olvidar que la comunicación y el servicio al cliente en los despachos suelen ser una de las causas de desencanto de los clientes dado que este tipo de colaboraciones con otros profesionales especializados en otros ámbitos resultan obligadas.

Es difícil predecir cuanta innovación se podría desarrollar si se liberalizara el sector en Norteamérica, así como en otros países como España, pero lo que es evidente es que mejoraría encarecidamente el acceso a la justicia. Las experiencias tanto de Australia como de Reino Unido demuestran los potenciales beneficios de liberalizar la profesión, tanto para abogados como para inversores y, especialmente, para los clientes.

El mayor desafío consiste en identificar y eliminar aquellas restricciones que son innecesarias o desproporcionadas para el interés público y establecer los mecanismos de control que garanticen los fines deontológicos de la profesión, la mejora de la calidad y el progreso social y económico.

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