Desde la fundación de la Unión Europea, se han ido dando pasos en aras a la integración y la libre circulación de personas, servicios y capitales. En particular, la libre circulación de abogados ha sido uno de los objetivos de la Unión y es ya una realidad.

En 1977, se dio un primer paso con la Directiva 77/249/CEE. Sin embargo, hubo que esperar hasta 1998 para que se regulara específicamente el ejercicio de la libertad de establecimiento por los abogados (Directiva 98/5/CE). Posteriormente, en el año 2006 la Directiva 2006/123/CE estableció un marco jurídico general así como la libre circulación de servicios, al tiempo que garantizaba un nivel elevado de calidad de los servicios.

En este contexto, la Directiva 2000/31/CE es especialmente relevante ya que establece que los proveedores de servicios online están sujetos a la normativa del estado en el que el proveedor está establecido. De esta forma, ABS incorporadas en Reino Unido pueden perfectamente captar clientes en el resto de Estados miembros siempre que operen online.

En la actualidad, la Comisión Europea ha puesto en marcha un proceso de liberalización generalizada de los servicios profesionales con el objeto de mejorar la competitividad de la economía europea.

Todo ello ha llevado a que los Estados miembros adapten también sus normas internas. El nivel de desarrollo es distinto entre los países, destacando la liberalización operada en Reino Unido. De hecho, Reino Unido va un paso por delante del resto de Estados miembros y ello ha generado un grado elevado de tensión. En este sentido, precisamente por la libertad de circulación y la integración existente en la Unión, los demás Estados miembros ven como una amenaza los avances en Reino Unido y, en especial, la posibilidad de que las ABS puedan operar en sus jurisdicciones. Por el momento, no hay ninguna ABS que esté operando fuera de Reino Unido pero es previsible que lo hagan tarde o temprano.

En otros Estados miembros como en España, Alemania, Países Bajos y Bélgica, las sociedades profesionales también han sido autorizadas. Al igual que en España, en Países Bajos existe una incompatibilidad con respecto a los auditores de cuentas. Por el contrario, en Bélgica se admite la creación de equipos multidisciplinares entre abogados y auditores de cuentas, pero se exige la facturación separada.

Por otro lado, en junio de 2015, Bruselas inició un procedimiento de infracción contra Alemania, España, Austria, Chipre, Malta, y Polonia al considerar que los requisitos que han de cumplir determinados prestadores de servicios en dichos Estados son contrarios a la Directiva 2006/123/CE. En su artículo 15 se enumeran unos requisitos que se imponen a los prestadores de servicios relacionados con la forma jurídica, la participación en el capital y las tarifas. Estos requisitos no están estrictamente prohibidos, pero, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, crean obstáculos en el mercado único de servicios. Sólo pueden mantenerse si no son discriminatorios, si son necesarios y proporcionados. De esta forma, la Unión Europea está forzando a los Estados miembros a abrir sus mercados.

Elzbieta Bienkowska, comisaria europea del Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, subrayó recientemente que “la libre prestación de servicios es uno de los pilares del mercado único. En algunos Estados miembros siguen existiendo barreras ya sea en forma de restricciones a la forma jurídica y la participación en el capital o de requisitos en materia de titulaciones o tarifas fijas que impiden que tanto sociedades como particulares presten sus servicios libremente en toda la UE”.

En el caso de España, el ejecutivo comunitario pide a las autoridades que deroguen las tarifas mínimas obligatorias que se aplican a los procuradores. La Comisión también muestra su preocupación por la legislación vigente en España en virtud de la cual determinadas actividades de los procuradores son incompatibles con las de los abogados.

Asimismo, la Comisión cuestiona a los Estados afectados por el expediente los requisitos excesivos en materia de participación en el capital –como la exigencia de que los profesionales deban poseer la totalidad de los derechos de voto y del capital en una sociedad o que la sociedad deba tener su sede social en un territorio determinado–. España permitió en la Ley 25/2009, conocida como la “Ley Ómnibus”, la entrada de hasta un 49% de capital ajeno pero sí mantiene obligaciones territoriales para las sedes, lo que la Comisión cree que “puede dificultar el segundo establecimiento o la prestación transfronteriza de servicios en los Estados miembros en cuestión”.

En consecuencia, podemos ver, por un lado, el progresivo avance en la liberalización de servicios profesionales en la Unión Europea y, por otro, la existencia aún de algunas restricciones en las legislaciones de determinados Estados miembros. Por su parte, Reino Unido va un paso por delante de las exigencias marcadas por la Unión.

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